12.1 Qué exige el reglamento
El Art. 3, letra b), exige que el producto se haya producido de conformidad con la «legislación pertinente del país de producción». El Art. 2, punto 40, define esa legislación como las leyes relativas al estatuto jurídico de la zona de producción en ocho ámbitos. El Art. 9, apdo. 1, letra h), exige información adecuadamente concluyente y verificable de esa conformidad, incluida cualquier disposición que confiera el derecho de uso de la superficie para la producción.
12.2 Dos filtros de pertinencia
La Guía (sección 6.a) establece dos filtros para decidir si una ley entra en el concepto:
- Estatuto jurídico de la zona. No basta con que la ley se aplique de modo general al proceso productivo o a la cadena; tiene que afectar o influir específicamente en el estatuto jurídico de la zona donde se produjo la materia prima.
- Vínculo con los objetivos del EUDR. También es pertinente la ley cuyo contenido pueda asociarse directamente a detener la deforestación y la degradación forestal en el contexto de la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Solo vale la ley del país de producción. Si la soja se cosecha en el país A, se muele en el país B y se introduce en el mercado en el país C, solo importa la legislación del país A (FAQ 1.29.1 y 3.3).
12.3 Los ocho ámbitos y ejemplos oficiales
| Ámbito (Art. 2, punto 40) | Ejemplos ilustrativos de la Guía (sección 6.a) |
|---|---|
| a) Derechos de uso de la tierra | Leyes sobre la cosecha y la producción en las tierras y la gestión de la tierra; transferencia de tierras agrarias o forestales; arrendamiento |
| b) Protección del medio ambiente | Zonas protegidas; protección y restauración de la naturaleza; fauna silvestre y biodiversidad; especies amenazadas; puesta en valor de tierras — siempre con vínculo con detener la deforestación, reducir emisiones o proteger la biodiversidad |
| c) Normas forestales, incluidas la gestión y la conservación de la biodiversidad ligadas al aprovechamiento | Protección y conservación de los bosques y gestión sostenible; leyes contra la deforestación; derechos de aprovechamiento en zonas con límites legales publicados |
| d) Derechos de terceros | Derechos de uso y posesión afectados por la producción; derechos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales; hipotecas y usufructo |
| e) Derechos laborales | Derechos de las personas presentes en la zona de producción, en la medida en que sean pertinentes para los objetivos del EUDR |
| f) Derechos humanos protegidos por el derecho internacional | Derechos a la tierra, los territorios y los recursos; derechos de propiedad; tratados y acuerdos entre pueblos indígenas y Estados |
| g) Consentimiento libre, previo e informado (CLPI), también conforme a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas | El consentimiento como objetivo de la consulta antes de proyectos que afecten tierras y recursos indígenas, desplazamientos y reparaciones |
| h) Normas fiscales, anticorrupción, comerciales y aduaneras | Cuando tengan un vínculo específico con los objetivos del reglamento o, en el caso del comercio y la aduana, se refieran específicamente a los sectores agrario o maderero |
La Comisión pretende crear, hasta diciembre de 2026, un repositorio de legislación pertinente, en el que los países productores podrán enumerar sus leyes pertinentes, para apoyar a los operadores en el Art. 9, apdo. 1, letra h) (Guía, sección 6.a; COM(2026) 191).
12.4 Proporcionalidad en la recopilación de pruebas
La Guía (sección 6.b) orienta un enfoque basado en el riesgo:
- priorizar la recopilación en profundidad donde el examen inicial indique un riesgo mayor de ilegalidad;
- donde el examen inicial indique un riesgo despreciable, no exigir una recopilación en profundidad — no hace falta recopilar sistemáticamente documentación jurídica exhaustiva por parcela, obtener títulos de propiedad individuales ni compilar una lista exhaustiva de todas las leyes;
- la ley nacional decide si se necesita un título de propiedad: si el país no exige título para producir y vender productos agrarios, el EUDR tampoco lo exige (Guía, sección 6.b; FAQ 1.10);
- el operador debe poder explicar la presencia de ciertos documentos y la ausencia de otros.
Fuentes de información inicial: la clasificación de riesgo del país (Art. 29), los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial, los informes públicos sobre el país, la zona o la cadena.
Documentos que pueden recopilarse, según el régimen de cada país: documentos oficiales y licencias de registros y plataformas gubernamentales; contratos, incluidos los celebrados con pueblos indígenas o comunidades locales; información de sistemas de certificación públicos o privados; resoluciones judiciales; evaluaciones de impacto, planes de gestión e informes de auditoría ambiental.
Documentos adicionales útiles: políticas y códigos de conducta de las empresas; autodeclaración voluntaria del productor; acuerdos de responsabilidad social; informes de reclamaciones o conflictos por la tierra.
12.5 Cómo evaluar los documentos
Toda la información debe analizarse en conjunto. El operador debe verificar, por regla (Guía, sección 6.b):
- si los documentos son coherentes entre sí y con la demás información disponible;
- qué prueba exactamente cada documento;
- en qué sistema se basa el documento (control estatal, auditoría independiente, etc.);
- la fiabilidad y la validez de cada documento, es decir, la probabilidad de que sea falso o se haya emitido ilegalmente.
El riesgo de corrupción (soborno, colusión, fraude) debe considerarse, con base en índices reconocidos como el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Donde la corrupción es elevada, los documentos oficiales pueden no ser fiables por sí solos y exigen una verificación adicional — sistemas verificados por terceros, auditorías o tecnologías forenses de rastreo.
12.6 Mapeo para la legislación brasileña
| Ámbito | Normas brasileñas de referencia | Pruebas típicas por proveedor/parcela |
|---|---|---|
| a) Uso de la tierra | Constitución Federal; Código Civil (posesión y propiedad); Ley n.º 10.267/2001 (georreferenciación de inmuebles rurales); Estatuto de la Tierra (arrendamiento y aparcería) | Matrícula o documento de posesión; CCIR; certificación en el SIGEF; contratos de arrendamiento o aparcería; ITR |
| b) Protección del medio ambiente | Ley n.º 6.938/1981 (Política Nacional de Medio Ambiente); Ley n.º 9.605/1998 y Decreto n.º 6.514/2008 (infracciones y delitos ambientales); Ley n.º 9.985/2000 (SNUC); Ley n.º 11.428/2006 (Mata Atlántica); legislación estatal | Consulta de los embargos del IBAMA y de los organismos estatales; ausencia de superposición con unidades de conservación de protección integral; licencias ambientales cuando sean exigibles |
| c) Normas forestales | Ley n.º 12.651/2012 y Decreto n.º 7.830/2012 (Catastro Ambiental Rural — CAR y Programas de Regularización Ambiental); autorizaciones de supresión de vegetación; códigos y políticas forestales estatales (p. ej., Ley Estatal n.º 20.922/2013 de Minas Gerais) | Recibo y situación del CAR; análisis de APP y reserva legal; autorizaciones de supresión de vegetación (que no descartan el criterio de deforestación del EUDR); adhesión al PRA cuando corresponda |
| d) Derechos de terceros | Constitución Federal, art. 231 y art. 68 del ADCT (tierras indígenas y quilombolas); legislación sobre la tierra | Ausencia de superposición con tierras indígenas (FUNAI) y territorios quilombolas (INCRA); ausencia de conflictos por la tierra registrados |
| e) Derechos laborales | CLT; NR-31 (seguridad y salud en el trabajo rural); art. 149 del Código Penal (trabajo en condición análoga a la de esclavo) | Ausencia en el Registro de Empleadores que hayan sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud (la «lista sucia»); pruebas de cumplimiento laboral y de la NR-31 |
| f) Derechos humanos | Tratados internacionales incorporados; Constitución Federal | Ausencia de condenas o denuncias fundamentadas ligadas a la zona; evaluación de conflictos |
| g) CLPI | Convenio n.º 169 de la OIT (incorporado al derecho brasileño); Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas | Pruebas de consulta cuando la producción afecte a pueblos indígenas o tradicionales |
| h) Fiscal, anticorrupción, comercial, aduanero | Ley n.º 12.846/2013 (Ley Anticorrupción); legislación tributaria (ICMS, Funrural); normas de exportación | Regularidad registral (CPF/CNPJ, inscripción estatal de productor); facturas de origen; ausencia de sanciones pertinentes |
12.7 El límite: no toda ley laboral o fiscal es «EUDR»
Los ámbitos laboral, de derechos humanos y fiscal solo entran en la medida en que se vinculen con el estatuto jurídico de la zona de producción y con los objetivos del EUDR (Guía, sección 6.a). El EUDR no convierte cualquier acta de infracción laboral o tributaria de un establecimiento en un impedimento automático. Pero las ilegalidades que afectan el estatuto de la zona —como la deforestación ilegal en cualquier parte del predio— contaminan la legalidad de toda la producción del predio (FAQ 1.15, iii). La prohibición de los productos hechos con trabajo forzoso, por su parte, tiene un reglamento propio (capítulo 22).