Resumen ejecutivo

El EUDR prohíbe introducir en el mercado de la Unión Europea, comercializar en ese mercado o exportar desde él siete materias primas —ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera— y una lista cerrada de productos derivados, salvo que cumplan, de forma acumulativa, tres condiciones: ser libres de deforestación (producidos en tierras no deforestadas después del 31 de diciembre de 2020), ser legales según la legislación del país de producción y estar cubiertos por una declaración de diligencia debida (o, para micro y pequeños operadores primarios de países de bajo riesgo, por una declaración simplificada).

En una frase: a partir del 30 de diciembre de 2026, ningún grano, harina ni aceite de soja entra en la UE sin que el importador europeo pueda demostrar, con la geolocalización de cada parcela de origen, que el área no fue deforestada después de 2020 y que la producción fue legal.

Los diez puntos que cualquier gestor necesita saber

1. Fechas de aplicación. Grandes y medianas empresas: 30/12/2026. Micro y pequeñas empresas constituidas hasta el 31/12/2024: 30/06/2027 (Art. 38, tras el Reglamento (UE) 2025/2650).
2. Fecha límite absoluta. 31/12/2020. La deforestación posterior a esa fecha —legal o ilegal, de origen humano o natural, seguida de uso agrario— vuelve no conforme el área y todo lo que salga de ella.
3. Trazabilidad hasta la parcela. Geolocalización de todas las parcelas de origen, con seis decimales; polígono obligatorio para áreas superiores a 4 hectáreas (salvo bovinos).
4. Prohibición del balance de masa. No se puede mezclar producto conforme con producto de origen desconocido en ninguna etapa. La segregación física es obligatoria; la identidad preservada completa no lo es.
5. Quién responde. El «operador»: quien introduce el producto por primera vez en el mercado de la UE o lo exporta. En la soja brasileña es, típicamente, el importador europeo. El exportador brasileño no tiene una obligación legal directa, pero no vende si no entrega los datos.
6. Tres etapas de diligencia debida. Recopilación de información (Art. 9), evaluación del riesgo (Art. 10) y reducción del riesgo (Art. 11), dentro de un sistema revisado al menos una vez al año (Art. 12).
7. Brasil es «riesgo estándar». Según el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1093, Brasil no está en la lista de bajo ni de alto riesgo. Consecuencia: diligencia debida completa por parte del importador y control de un mínimo del 3 % de los operadores por materia prima.
8. Legalidad amplia. La «legislación pertinente» abarca ocho ámbitos: derechos de uso del suelo, protección del medio ambiente, normativa forestal, derechos de terceros, derechos laborales, derechos humanos, consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y normativa fiscal, de lucha contra la corrupción, comercial y aduanera, siempre ligados al estatuto jurídico del área de producción.
9. Sanciones severas. Multas con un techo de al menos el 4 % de la facturación anual en la UE, decomiso de productos e ingresos, exclusión de la contratación pública por hasta 12 meses y prohibición temporal de comercializar.
10. El régimen quedó más simple, no más blando. Las modificaciones de 2025 eliminaron la diligencia debida en las fases posteriores y crearon la declaración simplificada, pero dejaron intactas la fecha límite, la geolocalización, la legalidad y la prohibición del balance de masa. La Comisión declaró en mayo de 2026 que no propondrá nuevas modificaciones al texto de base.

Estructura del informe