19.1 Qué es una preocupación justificada
Es una alegación debidamente motivada, basada en información objetiva y verificable, sobre el incumplimiento del reglamento, que puede exigir la intervención de las autoridades (Art. 2, punto 31). Cualquier persona física o jurídica puede presentarla — ONG, periodistas, competidores, comunidades, trabajadores (Art. 31, apdo. 1).
19.2 Requisitos de calidad (FAQ 4.15)
- Debidamente motivada: un razonamiento transparente, concreto, lógico y defendible, que permita reconstruir cómo se llegó a las conclusiones.
- Objetiva y verificable: respaldada, en la medida de lo posible, en pruebas.
- Específica: debe identificar quién, cómo y cuándo ocurre el posible incumplimiento. Un modus operandi genérico o un flujo comercial general no basta. Señalar un aprovechamiento ilegal en un país donde la empresa compra, sin vincular los casos con sus operaciones, no es una preocupación justificada.
Elementos recomendados: identificación del destinatario de la alegación; identificación de quien denuncia (salvo riesgo para su seguridad); la violación alegada; la ley del país de producción incumplida, si se trata de una ilegalidad; dónde y cuándo ocurrió; los envíos, especies o cantidades involucrados; las pruebas (fotos, informes, testigos, datos de autoridades o de la sociedad civil, auditorías de certificación); y cualquier otra información útil.
19.3 A quién se dirige y qué pasa después
- A la autoridad competente: que la evalúa con diligencia e imparcialidad, adopta medidas —controles, audiencias, medidas provisionales— e informa a quien denunció sobre el seguimiento, con su justificación, en 30 días, salvo disposición nacional distinta. Los Estados miembros protegen la identidad de quien denuncia (Art. 31, apdos. 2 a 4).
- A la propia empresa: que debe informar a las autoridades y, en su caso, las medidas de mitigación adoptadas (Arts. 4, apdo. 5, y 5, apdos. 5 y 6).
19.4 Acceso a la justicia (Art. 32)
Las personas con un interés suficiente, incluidas las que denuncian, tienen acceso a procedimientos administrativos o judiciales para impugnar decisiones, actos u omisiones de las autoridades competentes, según el derecho nacional.